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La Guerra de Embriones

Resumen: Artículo originalmente publicado en Matéria Época, 15 de marzo de 2004. Relata la historia de Gabriela de Oliveira Cordeiro, una joven brasileña de 19 años de edad, en su lucha por lograr un permiso legal para terminar su embarazo.

Por primera vez en la historia brasileña, un proceso de aborto llegó al Supremo Tribunal Federal, la más alta corte de justicia en Brasil.

El aborto en Brasil es crimen y la mujer no es penalizada solamente en casos de riesgo de vida y embarazo resultante de estupro. El aborto en casos de malformación fetal incompatible con la vida viene siendo autorizado por medio de decisiones de jueces y promotores en todo el país. Hasta el momento, se estima que 2.000 autorizaciones ya fueron concedidas. Es necesario recordar que son, principalmente, las mujeres pobres las principales beneficiarias de estas autorizaciones judiciales.

El día 4 de marzo, los ministros del Supremo Tribunal Federal iniciaron al juzgamiento que marcará la historia de los derechos reproductivos en Brasil. Fue un caso de solicitud de aborto de un feto con anencefalia de una mujer pobre, de 18 años, residente de la periferia de Río de Janeiro. Ministros del Supremo Tribunal Federal se pronunciaron favorablemente, aunque no hayan podido resolver el caso, pues el parto había ocurrido cuatro días antes y el feto sobrevivido por siete minutos fuera del útero. El caso llegó al Supremo Tribunal Federal por medio de una acción conjunta de dos entidades feministas del campo de la bioética y de los derechos humanos, la ANIS y la THEMIS.

Revista Época, el segundo más grande semanaria del país, presenta en destaque una reportaje sobre casos de aborto por anomalía fetal:

Revista Época, n. 304: 68-72, 15/03/2004
Eliane Brum (texto)
ANIS/DiePresse (traducción)

Maria Vida estuvo en este mundo por siete minutos. Lo suficiente para convertirse en símbolo de una guerra religiosa trabada en la arena de la Justicia brasileña-que sólo victima mujeres pobres como su madre. Gabriela de Oliveira Cordeiro, de 19 años, descubrió a los cuatro meses de gestación que el feto no tenía cerebro. Desde este momento hasta la noche del 28 de febrero, cuando su hija nació, estuvo en el infierno personal. A camino de la autorización judicial para interrumpir la gestación de un bebé condenado a muerte, Gabriela encontró el mayor bullicioso movimiento católico contra el aborto, el Pró-Vida de Anápolis. Por la primera vez en la historia, la disputa llegó al Supremo Tribunal Federal. Pero cuando los ministros se reunieron para votar, Maria Vida había nacido—y fallecido.

El nombre, Maria Vida, contiene el drama. Vida, fue sugerencia de la promotora de Teresópolis, Soraya Taveira Gaya, que luchó hasta el fin por la autorización para interrumpir la gestación. Maria, fue dado por el padre de la comunidad, en el momento de la muerte, al decir a la madre: "Ella ya está en el regazo de Maria".
En cinco meses, los padres de Maria Vida tuvieron la interrupción del embarazo prohibida, después autorizada, en seguida anulada, nuevamente permitida, por fin suspendida. "Yo sufrí más con todo esto que con la gestación", contó Gabriela a la revista ÉPOCA tres días después del parto. El marido, el auxiliar de oficina Petrônio Oliveira Júnior, temía tocar la barriga de Gabriela, con miedo de llegar a apegarse a un bebé que moriría. En la noche, sufría con pesadillas: tenia sueños que la niña nacía con cabeza de dinosaurio.

Luego, en el primer ultrasonido, Gabriela y Júnior descubrieron que su segunda hija no viviría. "La anencefalia es fatal en el 100% de los casos", afirma la médica genetista Dafne Horovitz, del Instituto Fernandes Figueira de Río de Janeiro, centro de referencia materno-infantil de la Fundación Oswaldo Cruz. "En la mitad de los casos, el feto muere antes. En la otra mitad que llega a nacer, la mayoría no sobrevive a las primeras 48 horas. En ningún caso soporta más que algunos días." Un parecer del Consejo Federal de Medicina muestra que, en casos de anencefalia, la madre corre un permanente riesgo de muerte y la interrupción de la gestación debe ser inmediata. "Infelizmente, en Brasil hay dos medicinas", dice la médica. "Quien tiene condiciones financieras interrumpe la gestación en clínicas particulares. Quien no puede pagar, depende de una autorización judicial."

Gabriela y Júnior acudieron a la defensoría pública del Foro de Teresópolis. Esperaron horas en el corredor. "Cuando me preguntaban por qué estábamos allá y yo les contestaba, me insultaban. Llegaron a llamarme de asesina", relata Gabriela. "Como yo lloraba mucho, Júnior invadió una sala". Era de la promotora criminal Soraya Gaya. "Soy contra el aborto", fue diciendo. "Doctora, ¿Usted ya escuchó hablar de anencefalia?", replicó Júnior.

Después de consultar dos peritos médicos, Soraya encaminó el pedido de autorización al Juez Paulo Rodolfo Tostes.  Fue negado en 6 de noviembre bajo el argumento de "falta de previsión legal". El aborto es considerado crimen por el Código Penal, excepto en dos casos: si la gestación es resultado de un estupro o si existe riesgo de vida para la madre. Desde 1991, sin embargo, jueces y fiscales generales han concedido autorizaciones para la interrupción de la gestación en los casos en que el feto es incapaz de vivir fuera del útero materno por causa de malformación.

En Brasil, ya fueron concedidas más de 2 mil autorizaciones. "El Estado no puede exigir que la mujer soporte una gestación en la cual el hijo morirá", dice el Juez José Henrique Torres, presidente del Tribunal del Jurado de Campinas. "En este caso, no hay crimen. Ni siquiera sería necesaria la interferencia de la Justicia. Las autorizaciones sirven apenas para que los médicos se sientan seguros."

Con la autorización negada, Gabriela recurrió al Tribunal de Justicia de Rio de Janeiro. La relatora,  Gizelda Leitão Teixeira, concedió en 19 de noviembre una autorización preliminar para la interrupción de la gestación: "La vida es un bien a ser preservado a cualquier costo, pero cuando la vida se vuelve inviable, no es justo condenar a la madre a meses de sufrimiento, de angustia, de desespero".

Gabriela tenía la maleta lista para internarse en el hospital cuando, al llegar a casa, descubrió cuatro oficiales de Justicia en su puerta. El presidente de la 2ª Cámara del Tribunal de Justicia de Río, José Murta Ribeiro, había impugnado la autorización. A las 8:30 horas del día siguiente, dos parejas católicos buscaban Gabriela en su casa: "En ese momento me quede muy molesta. ¿Cómo es posible que entren en mi casa para hablar tonterías?" cuenta. "Pero ellos fueron muy cariñosos conmigo, vinieron varias veces, llaman siempre, me dieron regalos, prometieron llevarme a Río para pasear."

La impugnación de la autorización, así como la visita, hace parte de la estrategia de grupos católicos empeñados en la lucha contra el aborto—o que en Brasil significa combatir las pocas situaciones en que el aborto es permitido por ley. Desde finales de los años 90 esta cruzada es comandada por el Pró-Vida de Anápolis. En una pequeña sala junto a la Catedral Bom Jesus, a 170 Km de Brasilia, el padre Luiz Carlos Lodi da Cruz pasa la mayor parte del tiempo, entre las 6 de la mañana, cuando se despierta, y las medianoche, cuando duerme, sentado frente a una vieja computadora alimentando el sitio del movimiento. La Internet es la principal arma. Aquí, el sacerdote llama a embriones sin cerebro de "niños deficientes"; médicos, jueces y promotores favorables a la anticipación del parto en casos de anomalía fetal de "abortistas". "Cuando un médico iba hacer el aborto de una niña que fue violada, yo mandé a personas para que llamen al hospital", contó a ÉPOCA, entre carcajadas. "Ahí, pensé que no era justo mandar mis tropas y el comandante quedarse sin hacer nada. Llamé y el doctor estaba furioso, porque 30 personas por hora lo llamaban por teléfono y lo tildaban de asesino."

Desde su cuartel general el padre Lodi comandó los hilos del destino de Gabriela sin nunca haberla conocido. Una de las parejas católicas, del Estado Minas Gerais, llevó el atestado de óbito y fotografías de su bebé muerto por anencefalia. "Eso no me gustó, porque era mucho sufrimiento para mi, pero ellos eran tan sinceros", cuenta Gabriela. Los nuevos amigos le dieron un rosario y una camiseta donde estaba escrito "Yo amo la vida". Le enseñaron a Gabriela que su cuerpo era "la CTI (Centro de Terapia Intensiva) del feto" y que, en cuanto la niña estuviese en su vientre, aunque sin cerebro, estaría bien. 

Cuando el colegiado del Tribunal de Justicia finalmente autorizó la interrupción de la gestación, Gabriela había desistido. "Me quede muy confundida, parecía que yo estaba peleando con Dios", cuenta. Horas antes, previendo la derrota, el padre entró en el Superior Tribunal de Justicia con su más nueva arma jurídica: habeas corpus en nombre del feto. El instrumento es usado para garantizar el derecho de ir y venir.

Desde que descubrió que las batallas serían trabadas en los tribunales, padre Lodi estudia Derecho. Él mismo prepara la defensa en tres procesos donde figura como reo. En noviembre fue condenado a pagar R$ 9.600 (U$ 3,200) al fiscal general del Distrito Federal Diaulas Costa Ribeiro por daños morales. El promotor se convirtió en una referencia internacional al crear en 1999 una fiscalía especializada en Derecho Médico. La mujer que constate malformación del feto incompatible con la vida acude a la Fiscalía General o al hospital de referencia, donde el diagnóstico es confirmado por un equipo acreditado. Si la pareja decide anticipar el parto, el procedimiento es realizado. El objetivo es proveer la máxima seguridad en el menor rato de tiempo. "Aborto es un crimen contra la persona y no contra una actividad fisiológica celular. Se protege el feto bajo la perspectiva de que se convertirá en un ser humano. En el caso de la malformación incompatible con la vida, no hay nada que proteger", dice el promotor.

Eso fue suficiente para transformar Diaulas en el albo preferencial del Pró-Vida. Su foto fue colocada en el sitio, bajo el título "asesino de niños". Diaulas fue comparado a Hitler. Recibía cien e-mails ofensivos por día. Después de ser consejero y jefe del Departamento de Derecho, fue despedido por telegrama de la Universidad Católica de Brasilia en agosto de 2002. "Fui excomulgado", dice el promotor, hoy es profesor invitado de la Universidad Complutense de Madrid. "Sólo no llamo a Diaulas de hijo de las tinieblas porque me hará pagar R$ 100 mil", ríe el padre.

El 25 de noviembre, la Jueza del Superior Tribunal de Justicia Laurita Vaz concedió una autorización preliminar para suspender la autorización de aborto para Gabriela. El mérito del habeas corpus sólo fue juzgado a fines de febrero. El Superior Tribunal de Justicia prohibió la interrupción de la gestación. "El recurso se presta justamente a defender el derecho de ir y venir, lo que incluye el derecho a la preservación de la vida del nacituro", defendió Laurita.

La decisión tuvo el apoyo del Procurador General de la República, Cláudio Fonteles. "La vida intrauterina existe", escribió, "Si él (el feto) está físicamente deformado, por más feo que pueda parecer, esto jamás impedirá que la acogida, el cariño, el amor fluya a la vida, que existe, y en cuanto exista pueda", escribió. Al final, Fonteles invocó creencias personales: "Esto, gracias a Dios, está más allá de la ciencia."

Frente a la decisión del Superior Tribunal de Justicia, las directorias del Instituto de Bioética, Derechos Humanos y Género (ANIS) y de la Themis Asesoría Jurídica entraron con un pedido de habeas corpus en nombre de Gabriela ante la Suprema Corte Constitucional. "Además del sufrimiento causado por la sentencia implacable de la naturaleza, la justicia profirió otra sentencia: la de la tortura moral. Su sufrimiento fue expuesto, negociado e irrespetado", criticó la doctora en antropología Debora Diniz, directora de ANIS, y profesora de la Universidad de Brasilia. "No existe misión divina en el sufrimiento de ninguna mujer desamparada por la muerte del futuro hijo. Sólo nos resta ampararlas con los recursos de un estado democrático y laico que profesa la libertad y la dignidad." Debora, especialista en bioética con renombre internacional, fue despedida de la Universidad Católica en septiembre de 2002, un mes después del promotor.  El caso ha sido denunciado por la Asociación Estadounidense para El Progreso de la Ciencia. En 2003, Debora y Diaulas necesitaron de escolta policial para lanzar el libro que escribieron-Aborto por Anomalía Fetal.

En cuanto todo esto sucedía, Gabriela tenía pesadillas con la proximidad del parto. "Yo soñaba que ella estaba en el ataúd", cuenta. Cuando el bebé nació, quise verla. "Era toda perfectita, sólo no tenía cerebro. Mi madre ya me la mostró con un gorrito", cuenta. "Me doparon, pero yo no dormí. Quería estar cerca de ella, pero ella ya estaba en la morgue."

Los ministros de la Suprema Corte Constitucional sólo descubrieron que Maria Vida había nacido y fallecido en el juzgamiento, el 4 de marzo. Hicieron críticas severas a la Justicia y al "dogmatismo religioso". "La consecuencia es que la joven fue obligada a cargar esa gestación indeseada por fuerza de esas decisiones judiciales desencontradas y, a mi modo de ver, absolutamente irregulares", dijo el Juez Joaquim Barbosa. El Juez Celso de Mello fue enfático. "La organización política del estado laico ni siempre coincide con la ética fundada en principios de teología moral, cuya aplicación se proyecta a una dimensión estrictamente espiritual a la que la República secular no puede ni debe quedar sujeta", afirmó. "El dogmatismo religioso se revela tan opresivo a la libertad de las personas cuanto la intolerancia del Estado."

El miércoles pasado, Thiany da Penha, vecina de Gabriela, ingresó con un pedido de anticipación del parto ante el Tribunal de Justicia de Río. Al inicio de la gestación, ella fue prohibida de interrumpir el embarazo en primera instancia.  El feto no tiene cerebro. Thiany tiene histórico de eclampsia (presión alta durante el embarazo, la enfermad mas responsable por la mortalidad materna en Brasil). Embarazada de ocho meses, Thiany corre el riesgo de perder la vida en justicia de los hombres por un bebé condenado a muerte.