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El derecho al aborto es un Derecho Humano:
Campaña del 28 de Septiembre

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EL DERECHO AL ABORTO ES PARTE DE LOS DERECHOS HUMANOS. Penalizarlo constituye una discriminación y es un acto de violencia contra las mujeres...Para que se consolide una vida social democrática es preciso que mujeres de todas las clases, razas y etnias, de todas las edades, de todas las culturas, con distintas religiones y diversas orientaciones sexuales, puedan controlar sus cuerpos y tomar decisiones que deben ser respaldadas por un Estado laico.
-Carta de Guanabara, Río de Janeiro, Brasil, 5 de enero de 2001

Septiembre de 2003 – A lo largo y ancho de América Latina y el Caribe se realizan millones de abortos cada año, la mayoría practicados en forma clandestina y en condiciones de riesgo. Si bien en muchos países de América Latina y el Caribe se permite el aborto bajo una serie limitada de circunstancias, las complicaciones debido al aborto realizado en condiciones de riesgo causan casi el tercio de las muertes maternas de toda la región.

Aún en los casos en que se permite el aborto, este procedimiento con frecuencia es inaccesible, especialmente para las mujeres pobres, las jóvenes y aquellas que residen en zonas rurales. Muchos proveedores de salud no conocen la legislación vigente en la materia y la atención que ofrecen frecuentemente es influenciada por fuertes predisposiciones de carácter religioso o personal. Además, las leyes punitorias combinadas con la falta de claridad sobre la forma de establecer la elegibilidad legal de la mujer, fuerzan a recurrir a abortos practicados en la clandestinidad.

En un esfuerzo para enfrentar la grave amenaza que representa el aborto inseguro para la salud de la mujer, la Campaña Regional para la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe (conocida también como la Campaña del 28 de septiembre) fue creada en la Quinta Reunión Feminista, en Argentina, en 1990. Los participantes acordaron una seire de metas a largo plazo para abordar la crisis regional del aborto inseguro y fijaron el día 28 de septiembre como el día de su campaña anual. La campaña tiene por objeto liberalizar las leyes punitivas del aborto en toda la región en aras de la salud pública, el respeto de los derechos humanos y el reconocimiento de la ciudadanía de la mujer. Con el propósito de fomentar un amplio consenso, los esfuerzos de defensa de la campaña concentraron la atención en un grupo específico, una combinación de legisladores, profesionales de la salud, activistas y público en general.

Con su secretaría actualmente instalada en Flora Tristán, en el Perú, la Campaña está activa en 21 países. Vincula a más de cien organizaciones y a siete redes regionales, muchas de las cuales son colegas de la IWHC desde hace muchos años. La filosofía de la campaña está sólidamente consagrada en su Carta de Guanabara, la cual ha sido apoyada por representantes de 27 países en su reunión regional celebrada en Río de Janeiro en 2001, y fue firmada por 420 participantes adicionales que participaron en el Noveno Encuentro Internacional Salud y la Mujer, celebrada en Toronto en el 2002.

Para leer esta carta en inglés, español, portugués o francés, visite la página en la web September 28th Campaign.

Como cosignataria de la Carta de Guanabara y en apoyo a la Campaña del 28 de septiembre, la IWHC ha apoyado desde hace mucho tiempo los esfuerzos realizados a nivel local tendientes a expandir el acceso de la mujer a un aborto seguro y a crear un consenso acerca de la necesidad de reformar la legislación en América Latina. Durante los últimos años se han presentado varios trabajos sociales y políticos a nuestros colegas con oportunidades de acción muy singulares y la IWHC está trabajando para ofrecerles el apoyo que necesitan para introducir cambios positivos. A continuación se describen algunos de estos emprendimientos.

Uruguay:
Una victoria preliminar de los defensores de los derechos reproductivos

En Uruguay el aborto es considerado delito siempre en la legislación vigente que data del año 1938. La mujer que cause su aborto o lo consienta será castigada con prisión así como la persona que colabore con la mujer en la realización del acto. Se consideran causas atenuantes o eximentes: "Para salvar el propio honor, el de la esposa o un pariente próximo" (el móvil del honor no ampara al miembro de la familia autor del embarazo); para eliminar el fruto de una violación; por angustia económica, y por causas graves de salud. El juez es quien decide si se atenúa o se exime la pena siempre y cuando el aborto sea realizado por un médico dentro el plazo de los tres meses de embarazo (salvo en el caso de causas graves de salud). Como resultado de ello, el aborto inseguro es la causa principal de la mortalidad materna en el Uruguay.

Los defensores que bregan por reformar la ley sobre el aborto en el Uruguay reconocen desde hace mucho tiempo que esta legislación restrictiva no logra mucho más que convertir el tema del aborto en una grave crisis de salud pública. Varios de estos defensores están vinculados a través de Mujer y Salud en Uruguay (MYSU)-una red de organismos no gubernamentales que trabajan en pro de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer. MYSU trabaja en forma mancomunada con la comunidad médica, el movimiento en pro de la mujer y grupos religiosos que luchan por la liberalización de la legislación y política nacionales relacionadas con los derechos reproductivos y de salud.

En diciembre de 2002, estos grupos lograron una gran Victoria en la Cámara de Diputados del Uruguay (cámara baja), donde se aprobó la "Ley de Defensa de la Salud Reproductiva", una ley que legalizaría el aborto practicado durante el primer trimester, obligaría a las instituciones de salud públicas y privadas a suministrar servicios de aborto y a los hospitales públicos la distribución de anticonceptivos, y requeriría al Gobierno que desarrolle un programa nacional de salud reproductiva. Este proyecto de ley fue preparado por una comisión en la que participaron organizaciones profesionales, grupos religiosos y miembros del movimiento feminista, y fue presentado por un grupo de legisladoras "por el derecho a decidir" (pro-choice) conocido como la "Bancada Femenina." Su aprobación se logró con el apoyo de un prolongado lobby, así como mediante audiencias y debates públicos organizados por MYSU, la Comisión Nacional de Seguimiento de los Acuerdos de Beijing (CNS), la red regional de CLADEM y un significativo número de voluntarios.

IWHC apoya actualmente a MYSU y CNS en su campaña para asegurar que este proyecto de ley sea aprobado por el Senado, donde se prevé una gran oposición por parte de los legisladores conservadores (incluido el Presidente de Uruguay), la Iglesia Católica y una diversidad de grupos que están contra el aborto. Tanto MYSU como CNS están bien preparados para llevar adelante esta campaña. Al asegurar la participación de la sociedad civil en la formulación de las políticas, los esfuerzos que realizan han despertado el interés del público con respecto a la responsabilidad del Estado en numerosos temas. Asimismo, han desempeñado un importante papel en el monitoreo de la implementación de los acuerdos internacionales relacionados con los derechos sexuales y de salud reproductiva.

La campaña para asegurar la aprobación de la "Ley de Defensa de la Salud Reproductiva" contará con la participación de una amplia coalición compuesta por el Sindicato Nacional de Trabajadores, la Asociación Nacional Universitaria y la Asociación Nacional de ONGs, así como una diversidad de congregaciones religiosas, grupos juveniles, de artistas y organizaciones culturales. Mediante una campaña sostenida de difusión, educación del público y de seguimiento del trámite legislativo, estos grupos han aprovechado la oportunidad para enviar un mensaje convincente a los legisladores uruguayos-un mensaje cuyo eco retumbará en toda la región.  

Por mayor información sobre el trabajo de MYSU sobre el aborto, visite su sitio.   

Brasil:
Reconocimiento de que el aborto es una importante preocupación
de salud pública

El aborto es legal en Brasil únicamente para salvar la vida de la mujer, o en casos de violación o incesto. Bajo el código penal vigente, la sanción correspondiente al aborto ilegal es de 1-4 años de prisión para la persona que lo practica y de 1-3 años para la mujer embarazada.

A pesar de esta legislación restrictiva, en Brasil se practica el aborto en forma muy difundida. De acuerdo a los cálculos más recientes, anualmente se someten a un aborto entre 1 y 4 millones de mujeres, la mayoría casadas. Si bien durante los últimos años el sistema de salud pública de Brasil ha expandido su apoyo de servicios de abortos legales, la gran mayoría de estos procedimientos son la causa principal de la mortalidad materna en Brasil, y asciende al 44 por ciento de las muertes maternas en los hospitales; en el año 1995 se registraron 274.698 hospitalizaciones por casos de abortos, de acuerdo al Sistema Único de Saúde (SUS).

Con el fin de abordar esta situación, grupos y redes que trabajan para ampliar el acceso a servicios de aborto seguros, durante los últimos años han planteado dos estrategias interrelacionadas: primero, bregan por lograr la reforma legislativa a nivel nacional, y segundo, luchan para asegurar la calidad y acceso a los servicios de abortos que permite la legislación actual. Mediante sus esfuerzos en ambos frentes, los defensores de los derechos de salud reproductiva de Brasil han tenido éxito en elevar el nivel de conciencia y aceptación del aborto como un tema importante de la salud pública del país, así como un elemento crucial de los derechos humanos de la mujer.

IWHC apoya actualmente a varios grupos e iniciativas que luchan por expandir el acceso a servicios de abortos practicados en condiciones seguras en Brasil:

Conmemoración del 28 de Septiembre: Cunhã - Coletivo Feminista
El punto de coordinación nacional en Brasil de la Campaña Regional para la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe recientemente se cambió a Cunhã: Coletivo Feminista. Cunhã es un organismo no gubernamental ubicado en João Pessoa, la capital del estado nordestino de Paraíba, uno de los más pobres del país. Fundada en 1990, Cunhã tiene una amplia experiencia en materia de promotción de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer y los adolescentes a nivel municipal, estatal y nacional. Ha organizado numerosas y exitosas campañas de difusión y ha fomentado el establecimiento de sólidas alianzas con los líderes comunitarios y con el sistema de salud pública.

Esta experiencia convierte a Cunhã en una entidad ideal para coordinar la campaña nacional del 28 de Septiembre en Brasil, en un momento político clave para lograr la reforma de la ley sobre el aborto en ese país. Concentrando la atención en la amenaza que constituye el aborto a la salud y los derechos humanos de la mujer, el trabajo de Cunhã se basará en una combinación de difusión a través de los medios, educación pública e investigación, lograr el apoyo y la colaboración de los profesionales de la salud, organizaciones jurídicas y organizaciones sociales y del movimiento de mujeres para ampliar el apoyo a la liberalización de las leyes relacionadas con el aborto. Entre otras actividades, la IWHC apoya la coordinación que realiza Cunhã de una campaña de una valla publicitaria electrónica y la distribución de postales nacionales para conmemorar el 28 de Septiembre de 2003-el décimo aniversario.

Ejerciendo presión en el Congreso: Comissão de Cidadanía e Reprodução (CCR - Comisión de Ciudadanía y Reproducción)
Los defensores de los derechos reproductivos en Brasil lograron significativos y simbólicos éxitos hacia fines de la década de los años 90. En 1998, una comisión parlamentaria investigó el tema de la mortalidad materna y su informe reconoció que el aborto es la causa principal de las muertes maternas en el Brasil. En diciembre de 1999, el Consejo Nacional de Salud de Brasil, que se reúne cada cuatro años, formuló una recomendación formal al Ministerio de Salud para la despenalización del aborto. Este gran avance fue logrado a través de años de movilización y lucha de los grupos feministas a nivel municipal en procura de asegurar una representación progresista en los consejos de salud locales-los órganos que envían sus delegados a la reunión nacional.

La suerte que correrán los nueve proyectos de ley que se encuentran actualmente bajo la consideración del Congreso—algunos de los cuales ampliarían el acceso al aborto seguro y algunos lo limitarían—será determinante para saber si los logros alcanzados durante la década de los años 90 serán traducidos en una reforma legislativa concreta, y todo esto ocurre en un momento particularmente dinámico de la historia política del Brasil. Si bien el recientemente electo Presidente Lula se ha comprometido en darle prioridad como cuestiones de salud pública, a la mortalidad materna y al acceso a servicios de aborto en condiciones seguras, su coalición de gobierno cuenta con numeross grupos de católicos y evangélicos cuyas posiciones son conservadoras en materia de derechos reproductivos. Tomando en cuenta la presencia de estos grupos, así como la solidez de los movimientos evangélicos contra el aborto en el Basil, en este momento es particularmente vital que se oigan voces progresistas que utilicen pruebas contundentes para lograr la aprobación de leyes que incrementen el acceso de la mujer a servicios de abortos practicados en condiciones seguras, en vez de limitar su acceso. 

La IWHC actualmente apoya el trabajo de la Comissão de Cidadanía e Reprodução (CCR) (Comisión de Ciudadanía y Reproducción, que realiza mediante un programa de monitoreo para asegurar y defender los derechos reproductivos a través de una red nacional, trabajos de difusión en los medios y educación pública para dar a conocer su mensaje. CCR está ubicada en el Centro Brasileño de Análisis y Planeamiento (Centro Brasileiro de Análise y Planejamento) (CEBRAP), una organización de estudio e investigación que se dedica a una amplia gama de temas sociales, y esta afiliación le permite a CCR realizar su tabajo de investigación y defensa de los derechos reproductivos desde una base más amplia de temas de derechos humanos y de justicia social. Junto con la Asociación Brasileña Interdisciplinaria sobre el SIDA (Associasão Brasileira Interdisciplinaria sobre AIDS) (ABIA) y el grupo feminista político CFEMEA, la CCR ha creado un grupo de trabajo compuesto por 14 organizaciones feministas para ejercer presión para lograr el apoyo y aprobación de los proyectos de ley en favor del aborto que actualmente se encuentran a la consideración de la Comisión para la Seguridad Social y de la Familia (CSSF) en el Congreso de Brasil.

Trabajos de extensión en hospitales: Católicas pelo Dereito de Decidir (CDD - Católicas por el Derecho a Decidir)
Hacia fines de los años 90 y también en esta década que se inicia, el movimiento de mujeres en Brasil ha estado trabajando estrechamente con líderes de la asociación brasileña de obstetricia y ginecología, FEBRASCO, para asegurar que los servicios de abortos practicados en condiciones seguras están disponibles en los hospitales públicos de Brasil. La norma técnica aprobada en 1999 sobre abortos permite pero no requiere que los hospitales públicos implementen este tipo de servicios, y hoy en día, ya se pueden obtener estos servicios en 44 hospitales brasileños.

Desafortunadamente, la calidad de los servicios de abortos deja mucho que desear. Con frecuencia los proveedores de salud no están bien informados acerca de las leyes y son influenciados por tendencias religiosas conservadoras; además no están adiestrados para aplicar la perspectiva del derecho del paciente a la práctica professional del aborto. Con miras a solucionar esta situación, el capítulo brasileño de Católicas Por el Derecho a Decidir (CDD-Brasil) dirigieron en el año 2000 un proyecto de educación en un hospital. En su calidad de organización católica por el derecho a decidir, CDD está en especiales condiciones para difndir una posición alternativa religiosa y ética sobre los derechos reproductivos de la mujer en un país donde las fuerzas conservadoras de la Iglesia Católica ejercen una tremenda influencia social y política.

Este proyecto educativo en el hospital fue diseñado para incrementar el conocimiento sobre el debate religioso y ético que se lleva a cabo en torno al tema del aborto. CDD organizó talleres para el personal del hospital, trabajadores sociales, enfermeras, psicólogos y médicos, en los cuales éstos podrían reflexionar sobre sus actitudes personales acerca del aborto y, así como sobre la necesidad de equilibrar estas actitudes dentro de un marco de responsabilidades más amplio, legal, profesional y ético. Para incrementar el impacto de estos talleres, CDD preparó también material educativo y organizó foros abiertos para grupos de mujeres y miembros de la comunidad. A pesar de que estas reuniones tuvieron una resistencia inicial, finalmente el proyecto contó con el apoyo favorable tanto de los proveedores de los servicios de salud como de los grupos comunitarios, y con el apoyo de la IWH la CDD continúa ampliando sus trabajos.

Para conocer más sobre Católicas por el Derecho a Decidir en Brasil, visite su sitio(en portugués).

Argentina:
Ofrece una Perspectiva Alternativa

El aborto está permitido legalmente en la Argentina para salvar la vida de la mujer, preservar su salud física y mental, o en casos de violación o incesto. Los médicos que realizan un aborto ilegal son sancionados con 3-10 años de prisión y la suspensión de la práctica de la medicina por el período que les dure la sentencia, y las mujeres que se someten a un aborto arriesgan a una pena de 1-4 años de prisión. Aunque se estima que se realiza un aborto por cada dos nacimientos, Argentina presenta uno de los índices de abortos más elevados del mundo y el aborto practicado en condiciones de riesgo es la causa principal de la mortalidad materna.

Argentina está recién saliendo de un período de inestabilidad después de la peor crisis económica de la historia del país, y este clima tiene repercusiones significativas para una amplia gama de cuestiones sociales. Luego de cinco presidentes interinos, en mayo de 2003 fue electo por default, con apenas el 22% de los votos, el ex-gobernador de la provincia de Santa Cruz, Néstor Kirchner. Miembro del partido Peronista, Kirchner ya ha demostrado un sólido compromiso para erradicar la corrupción y promover el respeto de los derechos humanos, aunque se enfrenta a significativos desafíos. El 25% de los argentinos en edad de trabajar están desempleados y la tasa de pobreza supera el 50 por ciento de los habitantes.

Como resultado de esta volatilidad económica y política, la Argentina ha experimentado un gran resurgimiento de la movilización social y del activismo. En este clima dinámico, en octubre de 2002, el Congreso Nacional aprobó un proyecto de ley sobre la salud integral sexual y reproductiva, dirigida a reducir la mortalidad materna, promover la salud sexual de los adolescentes e incrementar el acceso a los servicios de anticonceptivos. Esta ley estableció la implementación de un programa nacional de salud reproductiva, el cual es administrado en forma conjunta a través de los Ministerios de Salud, Educación y de Desarrollo Nacional, y fue un importante avance hacia el camino de la responsabilidad del Estado con respecto a las necesidades de la mujer en materia de salud reproductiva, incluido el servicio de abortos en condiciones seguras.

A pesar de la amplia base de apoyo a este programa, tanto por parte de los profesionales de la salud como de los activistas, la Iglesia Católica y los grupos que están contra el aborto, cuestionaron la educación sobre sexualidad y la anticoncepción. En febrero de 2003, estos grupos lograron bloquear la aprobación del proyecto de ley mediante una petición de amparo (recurso rápido mediante el cual los ciudadanos pueden bloquear una ley recurriendo a tribunales inferiores) aprobado por un juez en la ciudad de Córdoba. Un miembro de la secta fundamentalista católica Opus Dei, este mismo juez había intentado anteriormente prohibir la producción y distribución de anticonceptivos en la Argentina, mediante la aprobación de una petición anterior de amparo—decisión que fue unánimemente bloqueada en el Congreso Nacional.

La decisión de bloquear este proyecto de ley de salud integral sexual y reproductiva se encuentra actualmente a estudio del poder judicial y la suerte del mismo se ha convertido en el punto de movilización de grupos de ambos bandos que participan en el debate sobre los derechos reproductivos en este país. La IWHC apoya actualmente los esfuerzos que realiza el capítulo de Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) para obtener apoyo para este proyecto de ley mediante una campaña de difusión y de educación integral por los medios de comunicación. En un país donde los elementos conservadores de la Iglesia Católica disfrutan de una enorme influencia social, CDD está muy bien ubicada para ofrecer una perspectiva religiosa alternativa sobre los derechos reproductivos-una perspectiva que concentre la atención en la autoridad moral de la mujer y en su capacidad ética.

La IWHC también apoya el capítulo de Rosario, Argentina, del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM) y al Instituto de Género, Derecho, y Desarrollo (Isgenar) en una iniciativa conjunta con el fin de investigar el trato inhumano que se le inflige a la mujer que procura servicios de salud reproductiva en los hospitales de Rosario, Argentina. En particular, la investigación documentará los casos donde las mujeres que procuran servicios de emergencia debidos a un aborto han sido tratadas con extrema crueldad, con la probable meta de iniciar un caso legal contra aquellos responsables y presentar un informe ante el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura, en Ginebra.

Por mayor información sobre Católicas por el Derecho a Decidir en América Latina, visite su sitio (en español).

Por mayor información sobre CLADEM, visite su sitio  (en español).